La Universidad de Chlef prohíbe a sus profesores hablar con medios extranjeros sin autorización previa de los servicios de seguridad
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Hassiba Ben Bouali de Chlef, en Argelia, ha emitido una nueva directiva interna que exige a los profesores del departamento de Historia obtener una autorización escrita previa antes de conceder entrevistas o hacer declaraciones a medios de comunicación extranjeros. La nota, fechada el 8 de mayo de 2025, subraya la necesidad de respetar los reglamentos institucionales y de alinear el discurso público con las orientaciones oficiales del Estado. Esta medida se produce pocos días después del encarcelamiento del académico Mohamed Lamine Belghit, procesado por “atentar contra la unidad nacional” tras unas polémicas declaraciones sobre la amazighidad realizadas en un canal emiratí.
Según el documento, la intención es “proteger la imagen de la institución” y garantizar la coherencia del discurso académico con las políticas nacionales. También advierte que cualquier declaración emitida fuera de este procedimiento será considerada una infracción administrativa que puede conllevar sanciones disciplinarias.
La administración universitaria instó a los docentes a cumplir rigurosamente con este procedimiento y a seguir los protocolos legales, especialmente en sus contactos con medios internacionales.
Aunque la directiva entra dentro de las competencias administrativas para gestionar la comunicación oficial, plantea serias dudas sobre la libertad académica en Argelia y sobre la capacidad de los investigadores para participar en el debate público, especialmente en materias históricas o políticas.
En contraste, en muchas democracias, las universidades pueden requerir coordinación para declaraciones oficiales, pero las restricciones vinculadas al alineamiento con el Estado o sanciones por declaraciones no autorizadas son poco comunes.
Por ejemplo, en el Reino Unido, los profesores de universidades públicas como Oxford o Cambridge pueden hablar libremente con la prensa, siempre que aclaren que no representan oficialmente a la institución. En Francia, los académicos de Sciences Po participan regularmente en medios sobre temas sensibles sin necesidad de aprobación previa. En Alemania, historiadores de universidades como Humboldt o LMU Múnich publican opiniones polémicas y aparecen en medios extranjeros sin trabas administrativas.
Exigir autorizaciones previas y amenazar con sanciones, especialmente en áreas no sensibles como la historia, difumina los límites entre la gestión institucional y el control del discurso, constituyendo una limitación clara a la libertad académica.
No es la primera vez que la educación superior argelina enfrenta restricciones de este tipo. En 2023, el Ministerio de Educación Superior emitió una instrucción nacional que obliga a todos los profesores y estudiantes a obtener autorización institucional antes de participar en conferencias científicas internacionales, incluso de forma remota.
El ministerio justificó la decisión alegando el “uso indebido de opiniones sacadas de contexto con fines de manipulación”. Sin embargo, la medida generó fuertes críticas entre académicos tanto dentro como fuera del país, quienes la consideran una forma de vigilancia ideológica. “Esto no es simplemente burocratización del pensamiento, es su encarcelamiento”, denunció Ali Bensaad, profesor en la Universidad de Provenza. El historiador Amar Mohand Amer habló de una doble moral institucional: “Por un lado, se promueve la apertura académica; por otro, se aplican prácticas que destruyen las libertades universitarias”.
Abderrahmane Fares.
