Europa se desentiende de la avalancha migratoria en España

Por Pedro Canales

España vive en estos últimos meses un auténtico “acoso migratorio”, con oleadas sucesivas de embarcaciones de fortuna procedentes de África occidental hacia el archipiélago canario, hacia las costas del sur peninsular en la zona del Estrecho de Gibraltar, y la costa mediterránea del Levante español; y con las llegadas incontroladas y peligrosas de jóvenes a las ciudades de Ceuta y Melilla, principalmente. Todos los servicios de control de fronteras y de acogida de los inmigrantes se encuentran desbordados.

Grecia, Italia, Francia, España y Portugal, los países que suman el mayor número de inmigrantes procedentes de Asia, África y América Latina, directamente o a través del Mediterráneo, han firmado el Pacto Migratorio Europeo, que compromete a los miembros de la Unión a llevar a cabo una política común solidaria. Sin embargo, el “bloque de países del Norte”, limitan su “esfuerzo solidario” a inyectar algunos capitales para la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión, y realizar menguadas inversiones en los países de origen para frenar las partidas.

Para hacer frente a este problema existen dos enfoques principales: el que ha puesto en práctica Italia, y el que pretende llevar adelante España. El primero ya ha cosechado éxitos: en el ultimo año el Gobierno italiano ha conseguido disminuir la inmigración ilegal en más de un 60%. El segundo, el español, hasta ahora no.

En su actual gira africana por Mauritania, Gambia y Senegal, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido su idea de “la migración circular”, basada en un acuerdo bilateral con cada uno de los países que la acepten. Con Senegal, Malí y Marruecos ya existe este acuerdo, así como con muchos otros países de Latinoamérica; Mauritania y Gambia se incorporarán al mismo.

La migración circular es una herramienta legal que existe desde el año 2000 y que consiste en dar formación y contratar temporalmente a trabajadores en sus países de origen, los cuales al término de su posterior “contrato laboral” en España, regresan a sus países. Los diferentes Gobiernos españoles lo han practicado con éxito desde hace un cuarto de siglo con Marruecos, en la recogida de las fresas en Andalucía y en el trabajo de temporeros en las huertas frutales en Extremadura, Andalucía y levante. También con países como Ecuador y Colombia.

Pedro Sánchez ha acordado con el Presidente mauritano  Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, una serie de medidas, entre ellas luchar conjuntamente contra las mafias que controlan la inmigración, y desarrollar un modelo de inmigración «regular y ordenado».

Marruecos es el país desde el que más migrantes extranjeros son contratados temporalmente, seguido de Colombia. En total, son casi 21.000 los trabajadores que han llegado a España en 2024 gracias a esas iniciativas de migración circular. Una gota de agua entre los cientos de miles que pretenden llegar. El Gobierno de Pedro Sánchez subraya que “España necesitará de 200.000 a 250.000 trabajadores migrantes hasta 2050, para sostener el Estado del bienestar”. Algo que la oposición parlamentaria liderada por el Partido Popular critica. Alberto Núñez Feijóo ve «irresponsable» el «efecto llamada» de Sánchez y critica que vaya a África a promocionar España como «destino».

El Gobierno español reconoce que la “migración circular” no es la solución total, pero sí una parte. Fuentes de la Administración española, reconocen además que los empresarios son cautos a la hora de firmar acuerdos, así como los propios candidatos inmigrantes a comprometerse a volver a sus países. La gran mayoría de pretendientes magrebíes y de África subsahariana, no quieren volver a sus países de origen.

El “modelo italiano” en cambio, hace un balance positivo de su política en materia de inmigración. La primera ministra Giorgia Meloni asegura haber reducido un 62% la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas en los primeros siete meses de 2024 con respecto al año anterior, frente al auge de las llegadas a España y Grecia. Un modelo, el italiano, costoso y que combina estrictos controles fronterizos por tierra y mar, acogida seleccionada e inversiones directas en los países de origen. Este año Italia dedicará 5.500 millones de euros para esta materia, de los cuales 3.000 millones procedentes del Fondo Italiano para el Clima y los otros 2.500 millones del Fondo para la Cooperación al Desarrollo.

De las tres rutas migratorias que legan a Europa, sólo la vía española ha aumentado considerablemente en un 153% su tráfico humano, mientras que la italiana y la de Grecia y Turquía han disminuido, 64% y 75% respectivamente. Además en Italia han aumentado “las repatriaciones voluntarias asistidas” en un 20% en lo que va de año.

El “éxito” del modelo italiano parece estar en la combinación equilibrada de medidas de control, con una política de acuerdos con los países de origen, que reciben cuantiosas inversiones del Gobierno de Giorgia Meloni. Dicho modelo es cuestionado por algunos países y también por ONG que le tachan de discriminatorio, racista y contrario a los derechos humanos.

De hecho, Roma ha impuesto serias restricciones a las ONG de rescate marítimo: Obligación de llevar a los inmigrantes rescatados en mar al puerto más cercano, con multas y sanciones para las que no cumplan las nuevas regulaciones, con multas de hasta 50.000 euros.

Pero también ha firmado acuerdos bilaterales con países africanos, como Túnez, Libia y Egipto para controlar el flujo migratorio, y un acuerdo específico de ayuda económica a Túnez, de 255 millones de euros, a cambio de frenar los flujos migratorios.

Todo ello acompañado por el Plan Mattei que supone:

• Una inversión inicial de 5.500 millones de euros en países africanos para mejorar la educación, sanidad, agricultura, agua y energía; con el objetivo de frenar la migración irregular mediante el desarrollo económico en estos países.

Tanto España como Italia han suscrito el Pacto Migratorio Europeo, que entrará en vigor en 2026, pero no esperan para implantar sus propios modelos migratorios. Ya que dicho acuerdo europeo se enfrenta con desafíos como las diferencias políticas de los enfoques y prioridades que cada país tiene; las diferentes capacidades de acogida; la colaboración con los países de origen sujeta a los diferentes condicionantes políticos, lo mismo que con los países de tránsito; las diferentes ópticas sobre el equilibrio entre Seguridad y Derechos Humanos; los modelos de integración en los diferentes países; y por fin, los mecanismos efectivos de retorno de quienes no tienen derecho legal a permanecer en los países de destino.

A este respecto, el Presidente español en su última etapa africana en Senegal, fue categórico: “es imprescindible el retorno de quienes llegan a España irregularmente”. Algo que con los inmigrantes que entran por Ceuta y Melilla se hace con bastantes dificultades; y con los que llegan en pateras, cayucos o embarcaciones de fortuna, es aun más difícil porque a menudo se desprenden de sus papeles de identidad. Las “devoluciones en caliente”, interrumpidas durante la pandemia del COVID-19, no han arreglado el problema, y además son fuertemente criticadas por las organizaciones de derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, “se trata de la expulsión inmediata de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo”. Dichas personas, según AI “no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión”.

En resumen, la inmigración desde Asia, África o Latinoamérica hacia el continente europeo, sólo tiene paliativos a corto plazo; a medio y largo plazo no tiene solución. El desfase económico entre los países de partida y los de acogida es tal, que el volumen global de inversiones supondría un nuevo “Plan Marshall” para la mayoría de naciones de estos continentes. Las riquezas naturales de estos países han sido esquilmadas por las metrópolis coloniales, y el subdesarrollo derivado es endémico.