Francia amenaza con congelar los activos de veinte altos dignatarios argelinos: un punto de inflexión en la crisis diplomática

Mientras las relaciones entre París y Argel atraviesan una de sus crisis más graves desde la década de 1990, se está estudiando en las más altas esferas del Estado francés una medida de represalia de una severidad inusitada: la congelación de los activos y bienes inmuebles de una veintena de altos cargos argelinos, todos ellos con intereses importantes en Francia. Según revelaciones del semanario L’Express, los Ministerios de Economía (Bercy) e Interior (Beauvau) están trabajando activamente en la aplicación de esta medida, que se activaría en caso de un nuevo deterioro de las relaciones entre las dos capitales.

La información apareció en la página web de L’Express el miércoles 28 de mayo de 2025 a las 19:15. Apenas dos horas después, la difundí en mi canal de YouTube, lo que provocó un terremoto político inmediato. Desde los pasillos del Ministerio de Defensa, en el barrio de Tagarins, hasta los salones acústicos de El-Mouradia, la inquietud se extendió como la pólvora. El anuncio heló la sangre de quienes saben que están en el punto de mira de la justicia francesa, al tiempo que provocó una discreta pero palpable alegría en la Argelia profunda, la de los marginados, los humillados, los exiliados, que por fin ven un rayo de justicia.

Este proyecto de sanciones selectivas marca un punto de inflexión. Por primera vez, Francia parece dispuesta a golpear donde más duele: en los privilegios indebidos, los pasaportes diplomáticos utilizados de forma abusiva y, sobre todo, los bienes mal adquiridos, fruto de una corrupción sistémica. Bruno Retailleau, ministro del Interior francés, regularmente ridiculizado por la prensa argelina al servicio del régimen, ha dado en el clavo. Ha identificado los puntos neurálgicos de esta nomenklatura argelina que predica el nacionalismo durante el día y coloca a sus hijos, sus fortunas y sus intereses en París al caer la noche.

En definitiva, esta señal de París no es solo una respuesta diplomática: es un golpe a la hipocresía de un régimen que se ha enriquecido a costa de un pueblo al que mantiene en la miseria, mientras se regala los fastos de la República Francesa. Para la voyoucratie de Argel, la fiesta podría convertirse pronto en una pesadilla.

Fue en enero de 2025, en el punto álgido de las tensiones, cuando la idea comenzó a tomar forma. Bruno Retailleau, ministro del Interior, lo insinuó en una entrevista concedida a L’Express, en respuesta a la reiterada negativa de Argel a expedir salvoconductos consulares para el regreso de sus ciudadanos sujetos a la obligación de abandonar el territorio francés (OQTF). «Pueden adoptarse medidas individuales contra determinados dignatarios argelinos que contribuyen al deterioro de nuestras relaciones bilaterales. Pueden ser medidas patrimoniales», declaró.

Una respuesta selectiva contra la nomenklatura argelina

Desde entonces, la idea ha madurado. Se ha elaborado una lista confidencial que incluye los nombres de unos veinte altos cargos argelinos —ministros en ejercicio, antiguos altos cargos del régimen, generales retirados, directivos de empresas públicas cercanas al poder y miembros influyentes de los servicios de inteligencia—, todos ellos propietarios de bienes inmuebles o con intereses bancarios en Francia. Según una fuente gubernamental citada bajo condición de anonimato, este grupo forma parte de un conjunto mucho más amplio estimado en «801 miembros de la nomenklatura argelina con activos en Francia y que residen allí habitualmente, sin contar a los militares de alto rango», según L’Express. Estas personalidades se benefician desde hace años de la hospitalidad francesa, al tiempo que contribuyen al discurso antifrancés que se mantiene en Argel.

La opción de congelar los activos pretende ser un arma diplomática de disuasión masiva. Al igual que las sanciones impuestas a los oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania, el objetivo aquí es ejercer presión sin llegar a la ruptura. El Quai d’Orsay ya ha comenzado a accionar algunas palancas simbólicas. El 16 de mayo de 2025, París suspendió el acuerdo bilateral de 2007 que permitía a los titulares de pasaportes diplomáticos argelinos viajar sin visado entre ambos países. Una señal clara dirigida a Argel.

Una escalada con aires de guerra fría

Este aumento de las tensiones se inscribe en una secuencia conflictiva iniciada en abril de 2024, con la detención en Francia de un agente consular argelino sospechoso de haber participado en el secuestro del youtuber Boukhors, alias Amir DZ, entre el 29 de abril y el 1 de mayo. El caso conmocionó profundamente a la opinión pública y provocó una reacción inmediata del Estado francés. En represalia, Argel expulsó a doce diplomáticos franceses el 14 de abril, a lo que París respondió con una medida similar al día siguiente. El 11 de mayo, Argel dio un paso más al declarar persona non grata a varios funcionarios franceses. Esta espiral de conflictos se agravó aún más tras el reconocimiento oficial por parte de Francia, en julio de 2024, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una línea roja para el régimen argelino. Por último, la detención en Argelia del escritor franco-argelino Boualem Sansal, el 16 de noviembre de 2024, acabó de hundir las relaciones bilaterales.

Una base jurídica frágil, pero existente

La posible congelación de los activos de los dignatarios argelinos se inspiraría en el modelo ruso, pero con una diferencia importante: las sanciones contra Moscú se inscriben en un marco europeo, lo que no es el caso de Argelia. No obstante, Francia dispone desde hace poco de un instrumento jurídico que podría utilizarse. El artículo L562-1 del Código Monetario y Financiero, modificado en el marco de la ley contra las injerencias extranjeras aprobada en julio de 2024, permite a los ministros de Economía y del Interior decretar, mediante una orden conjunta, la congelación de los activos de personas físicas o jurídicas sospechosas de haber cometido «actos de injerencia» en nombre de una potencia extranjera, que atenten contra los intereses fundamentales de la Nación.

Esta disposición podría servir de base jurídica para actuar contra figuras del régimen argelino implicadas, por ejemplo, en operaciones clandestinas en territorio francés (como el caso Amir DZ) o en el sabotaje deliberado de las relaciones bilaterales mediante una negativa coordinada a cooperar en materia administrativa y consular.

Según Renaud de l’Aigle, abogado especializado en este tipo de litigios, «esta medida, aunque difícil de justificar políticamente, podría aplicarse técnicamente durante un periodo de seis meses, renovable, siempre que se demuestre la existencia de un vínculo directo entre los dignatarios afectados y los actos de injerencia», según informa el semanario L’Express. Por lo tanto, se trataría de apuntar a los responsables dentro de los servicios de seguridad argelinos o del aparato ejecutivo, y no a los simples ejecutores.

Más una amenaza que una intención real

Sin embargo, en la práctica, esta lista negra es ante todo un instrumento de presión. El Gobierno francés espera no tener que hacerla pública nunca, ya que su divulgación abriría una brecha diplomática difícil de cerrar. Publicar una lista de este tipo equivaldría a romper estratégicamente con Argel, lo que tendría consecuencias económicas, humanas y de seguridad considerables.

Sin embargo, el mensaje ya está claro: los privilegios concedidos durante mucho tiempo a los delincuentes argelinos en Francia —visados diplomáticos, discreción fiscal, tolerancia bancaria— ya no están garantizados. Y París quiere dejar claro que ya no hay impunidad para quienes se dedican a la doble hipocresía: criticar a Francia en la televisión argelina mientras escolarizan a sus hijos en Neuilly, poseen apartamentos en los barrios elegantes de París o invierten en sociedades civiles inmobiliarias francesas.